Recientes estadísticas de las Naciones Unidas demuestran que Latinoamérica se ha convertido en la región más violenta del planeta. El auge del tráfico de armas, drogas y personas, la multiplicación de las operaciones de lavado de dinero, la corrupción y la cooptación de vastos sectores de la vida política y económica latinoamericana por parte del crimen organizado tienen enormes repercusiones negativas en la vida de sus ciudadanos, encarnan una amenaza al sistema democrático de sus países y constituyen uno de los principales frenos al desarrollo de la región. Lamentablemente, los únicos que han comprendido el carácter regional y global del mundo en que vivimos y estructurado sus organizaciones de acuerdo a esa realidad son los delincuentes. Redes de protección internacionales que esconden a prófugos de la Justicia, sistemas globales de cooperación entre bandas criminales, intercambio mundializado de información y armas, mafias interconectadas a nivel regional y global son sólo algunas de las estrategias que erosionan la efectividad de los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.

En Latinoamérica, la criminalidad organizada ha desbordado a los países y alcanzado una escala regional. Y los problemas regionales requieren soluciones regionales que favorezcan la efectividad de las políticas públicas, aseguren la protección de la ley y garanticen la preservación de la vida y de los derechos humanos, y la vigencia del estado de derecho. Por todos estos motivos apoyo la campaña por la creación de una CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO (COPLA) complementaria y subsidiaria de los sistemas de Justicia existentes, y propongo que tenga una composición multilateral y pluralista respetuosa de las constituciones nacionales y los tratados internacionales.

Para facilitar su implementación, sugiero que se base en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada de Palermo y en sus protocolos anexos, a los cuales han adherido la mayoría de los países de la región.

Una CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO podría ser fundamental en la persecución penal de las cúpulas mafiosas, la confiscación de sus bienes y el desguace de sus organizaciones. También podría promover la mejora de las legislaciones penales nacionales, favorecer la cooperación judicial y policial internacional y ofrecer protección a los testigos de crímenes y a los activistas y voluntarios que combaten la criminalidad organizada y sus consecuencias.

Por ello adhiero a su creación, autorizo a que se haga público este apoyo y convoco a todos los ciudadanos, organizaciones y gobiernos democráticos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo a participar activamente de la campaña por su constitución.