En el marco de la 16ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, se realizó un Side Event para presentar el proyecto de creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado.
Perseguir, prevenir y condenar los crímenes transnacionales organizados y a la vez recuperar los activos económicos apropiados mediante tales ilícitos es el proyecto que se presentó en diciembre pasado en la ONU en Nueva York: “Hacia una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado”, un side event que se realizó durante la 16ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional.
La actividad, que incluyó la presentación del Anteproyecto de Estatuto constitutivo de la Corte, fue organizada por la Misión Argentina ante la ONU y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, y patrocinada por las ONG’s Democracia Global y el Movimiento Federalista Mundial.
El panel expositor contó con la presentación del representante argentino ante la ONU, Martín García Moritán; y fue integrado por la coordinadora para las Américas de la CCPI, Dra. Michelle Reyes; la directora general de Democracia Global, Camila López Badra y el coordinador de redacción de la propuesta, Dr. Christian Alberto Cao.
En sus palabras de apertura, García Moritán explicó que aunque esta iniciativa surgió de la ONG argentina Democracia Global y cuenta con la participación de la sociedad civil, la propuesta y redacción de Anteproyecto de Estatuto tiene el firme respaldo del gobierno de la República Argentina, evidenciado en las declaraciones de apoyo de las Cámaras de Diputados y de Senadores de ese país.
Asimismo, recordó las palabras de la vicepresidenta de la República Argentina, Lic. Gabriela Michetti durante la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expresó que la Argentina busca los consensos de la región en pos de la creación de un tribunal latinoamericano contra el crimen organizado.
Por último, el embajador se refirió a que la discusión de este proyecto también se enmarca dentro de los Objetivos 2030, particularmente el número 16 que hace referencia a la paz, justicia e instituciones sólidas, e incluye como metas la reducción significativa de las corrientes financieras y de armas ilícitas, el fortalecimiento de la recuperación y devolución de los activos robados y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada.
A continuación, López Badra resaltó el apoyo del gobierno de la República Argentina, recordando que la campaña nació en el año 2013 y que hasta el mes de diciembre de 2017 estuvo bajo la dirección del ahora diputado nacional Prof. Fernando Iglesias.
López Badra hizo hincapié en algunos datos estadísticos acerca de la creciente tasa de criminalidad en América Latina y el Caribe. “La mayor parte de los asesinatos de la región se concentra en 6 países, que son Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, Guatemala y México”, detalló. Y buena parte de esos homicidios está vinculado directa o indirectamente con el crimen organizado, argumento de peso para que los países aborden la situación como un problema de escala regional que requiere estrategias regionales de combate.
En este orden de ideas, la Directora Ejecutiva de Democracia Global explicó que el crimen organizado enfrenta una lucha desigual. “Por un lado, tenemos delincuentes que se organizan de forma global, transnacional, que utilizan todos los medios tecnológicos; y del otro lado, tenemos a los Estados nacionales que intentan combatir el crimen organizado, con estrategias del siglo pasado. Hay muchos problemas de intercambio de información, de coordinación de estrategias, de organización de las legislaciones; hay una batalla entre lo regional y lo global y las estrategias tecnológicas de los Estados continúan ajustadas al siglo XIX”.
López Badra también comentó sobre el estado actual de la campaña e hizo énfasis en los firmantes destacados, entre los que se cuentan parlamentarios, académicos, jueces, fiscales, ministros y políticos. Por último, hizo hincapié en la importancia de la coalición de ONGs, hoy conformada por 31 organizaciones de 12 países, e invitó a los participantes a adherirse a través del sitio web (www.coalicioncopla.org).
En tercer lugar, Cao explicó la propuesta del Anteproyecto de Estatuto constitutivo de la COPLA. Detalló los delitos económicos organizados tipificados, el alcance transnacional y complementario de las justicias de los Estados parte y la relación que debería tener con la Corte Penal Internacional.
Además desplegó el aspecto orgánico de la propuesta que pretende crear un Tribunal de Justicia regional, una fiscalía y una defensoría oficial, como así también el establecimiento de las garantías del debido proceso y la participación de las víctimas en el procedimiento. En este sentido, la idea propone dotar a la futura COPLA de mecanismos de transparencia, acceso a la información y parámetros de eficacia. “Busca llevar justicia frente a la criminalidad organizada y especialmente, a las cúpulas: los que dirijan, administren, organicen o promueven esas organizaciones criminales”, puntualizó.
Cao resaltó que la COPLA, al igual que la Corte Penal Internacional, es complementaria de los tribunales de justicia nacionales: “No busca retirar, abstraer u obtener los sistemas judiciales nacionales, sino que lo que busca es fortalecerlos”.
Finalmente, abrió el debate a las temáticas que deberían ser abordadas en una instancia posterior, que a la vez no están exentos de polémicas actuales, como por ejemplo los mecanismos alternativos de solución de controversias penales, las figuras del arrepentido y colaborador eficaz y el dilema sobre la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos tipificados.
Para concluir el panel, Reyes resaltó la importancia de la propuesta COPLA como una oportunidad para abordar y resolver este tipo de crímenes de forma regional y lograr acuerdos de cooperación tanto vertical –entre la Corte y los Estados– como horizontal –entre tribunales o entre Estados–.
Hizo referencia a la Corte Penal Internacional, las lecciones aprendidas durante el proceso de conformación de la misma y a la importancia de reconocer el rol primario de las jurisdicciones nacionales para que la COPLA resulte un mecanismo complementario de las mismas. Resaltó la relevancia de la participación de las ONG´s en el diseño del Anteproyecto de Estatuto y felicitó por la inclusión de mecanismos jurídicos orientados a estos lineamientos, como así también el reconocimiento de la figura de la víctima y el querellante que reorientan el modelo de justicia, a la luz de un modelo reparatorio.
Finalmente, puntualizó sobre la importancia del manejo del presupuesto, haciendo énfasis en la recuperación de los bienes y la importancia del fondo de reparación.
Al final de las presentaciones, hubo un espacio dedicado a responder preguntas, las cuales enriquecieron el debate y tuvieron relación con las siguientes temáticas:
La no participación de Estados Unidos y Canadá en la COPLA.
Inclusión de otros delitos al Anteproyecto de Estatuto tales como crímenes medioambientales y cibercrimen, a lo cual se explicó que esa discusión aún sigue en debate.
El rol del Estado argentino para lograr el apoyo de los restantes Estados en la COPLA. En este sentido, el embajador sugirió replicar el camino realizado en la Argentina; por su parte, la Directora Ejecutiva agregó la necesidad de lograr el apoyo institucional del Parlamento en los 32 países restantes de América Latina y el Caribe para lo cual es necesario trabajar en una coalición de ONG’s que sea sólida y representativa.
Independencia de los jueces de la Corte. El coordinador de redacción del Anteproyecto explicó que la Asamblea de Estados parte supervisará únicamente el funcionamiento administrativo de la Corte pero no a los jueces de la misma, que serán independientes en el desempeño de sus funciones.
La actuación de la COPLA con aquellos individuos que no forman parte de las cúpulas pero se ven obligados a participar en el crimen organizado. López Badra indicó que además de la Corte se prevé la creación de una Agencia que se encargará de trabajar en políticas de prevención, ayudar a la coordinación y compatibilización de las legislaciones nacionales, la protección de testigos y la reparación de víctimas.
De esta forma la República Argentina presentó en el ámbito de las Naciones Unidas la propuesta de crear una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado, a diferentes representaciones oficiales, ONGs y expertos de países como Estados Unidos, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Jamaica, Perú, Brasil, Canadá y Argentina, entre otros.
